Entre las solicitudes planteadas se encuentra la creación, mediante ley, de un mecanismo conocido como Fuel Surcharge, que permitiría trasladar de forma automática las variaciones del precio del combustible a los contratos de transporte de carga. También pidieron que el Ejecutivo envíe con urgencia un proyecto al Congreso y establezca una mesa técnica con representantes del sector.
Los transportistas además solicitaron restablecer formalmente el funcionamiento del MEPCO para el diésel y revisar una diferencia tributaria que, según los gremios, alcanza cerca de $100 por litro para determinados operadores. Las organizaciones sostienen que estas medidas son necesarias para evitar que los incrementos del combustible recaigan principalmente sobre los transportistas de menor tamaño.
La preocupación aumenta ante el escenario internacional y la posibilidad de nuevas presiones sobre el valor del diésel, especialmente frente a una eventual restricción de las exportaciones estadounidenses. Los dirigentes Sergio Pérez y Juan Araya señalaron que una respuesta satisfactoria podría evitar una movilización, mientras que, de no existir avances dentro del plazo establecido, serán las bases de ambas confederaciones las que decidirán los pasos a seguir. La autoridad económica se comprometió a transmitir las propuestas al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
