La petición surge tras la controversia por las rebajas de condenas concedidas entre marzo y septiembre de este año a 56 reclusos condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, a los que se suman otros 276 beneficiados durante la administración anterior. En este contexto, Reyes instó a los senadores Fidel Espinoza, Iván Moreira y Carlos Ignacio Kuschel a apoyar la iniciativa para impedir que este tipo de beneficios se aplique a condenados por estos delitos.
La legisladora explicó que los decretos cuestionados también estuvieron relacionados con resoluciones judiciales previas. Según indicó, algunas solicitudes de reducción de condena habían sido rechazadas inicialmente, pero posteriormente ciertos internos recurrieron a los tribunales, que ordenaron revisar las decisiones considerando el principio de irretroactividad de la ley. Por ello, planteó que el debate debe enfocarse en corregir las falencias de la normativa, en lugar de concentrarse en exigir la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Finalmente, Reyes destacó que la propuesta del Ejecutivo contempla fortalecer la protección de las víctimas, incorporando su derecho a recibir información y ser escuchadas durante el proceso. Además, el proyecto establece que la Comisión de Beneficio de Reducción de Condenas será la encargada de evaluar la conducta de los internos y determinar si corresponde otorgar o rechazar el beneficio, eliminando la intervención mediante decretos ministeriales.
