La presentación fue impulsada por los concejales Sebastián Almonacid, Bárbara Álvarez, Evelyn Chávez y Mirta Vega, quienes plantean que podrían existir situaciones que vulneren gravemente el principio de probidad administrativa. Entre los antecedentes cuestionados está la autorización del inmueble, ya que el galpón tendría recepción final, pero no así las oficinas que actualmente funcionan en el recinto.
A esto se agregan observaciones relacionadas con las condiciones de seguridad laboral y el hecho de que, según los ediles, no habrían recibido todos los antecedentes necesarios antes de aprobar el contrato de arriendo. Almonacid emplazó al alcalde Rodrigo Wainraihgt a adoptar medidas y determinar eventuales responsabilidades, planteando incluso la posibilidad de suspender al director mientras se desarrolla una investigación.
Desde el municipio, Wainraihgt había respaldado al director de Operaciones y calificó el caso como una polémica artificial. Sin embargo, el director jurídico, Osvaldo Emhart, señaló que se revisarán los antecedentes para establecer qué tipo de investigación corresponde y quiénes podrían estar involucrados. Además, indicó que se analizará si efectivamente existió información que no fue entregada de manera adecuada al Concejo Municipal.
