Según los antecedentes presentados por el Ministerio Público, el jefe comunal enfrenta cargos por cohecho agravado reiterado y lavado de activos. La Fiscalía sostiene que habría recibido beneficios económicos de tres proveedores a cambio de favorecerlos en procesos de contratación municipal. En tanto, el empresario Héctor Meza fue formalizado por el delito de soborno, en el marco de los hechos que son investigados por el organismo persecutor.
La investigación apunta a que el alcalde habría obtenido al menos $36.360.000 en pagos indebidos de empresarios y contratistas. De esa cifra, $27.860.000 estarían relacionados con transferencias o pagos atribuidos al empresario que también quedó en prisión preventiva. Además, se detectaron cerca de $90 millones en depósitos en efectivo en la cuenta personal del jefe comunal, cuyo origen todavía no ha sido esclarecido. Parte de los recursos investigados habría sido utilizada para adquirir bienes y pagar distintos servicios.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para ambos imputados, argumentando que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, petición que fue acogida por el tribunal. En su resolución, el juzgado destacó la gravedad de los hechos investigados y su impacto en la confianza pública, la probidad administrativa y el correcto uso de los recursos del Estado. Durante la misma audiencia también fueron formalizados la conviviente del alcalde y otros tres imputados, quienes quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad, como arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma periódica y prohibición de comunicarse entre ellos.
