Uno de los aspectos más llamativos del proceso corresponde a una acusación de vigilancia. De acuerdo con la presentación realizada por la defensa de Romero en agosto, ella habría encontrado un dispositivo de rastreo en su automóvil y aseguró que su esposo conocía detalles de sus desplazamientos que, según su versión, solo podrían haber sido obtenidos mediante algún sistema de monitoreo. También planteó la posibilidad de que existieran mecanismos de seguimiento en su teléfono, vehículo o vivienda, solicitando al tribunal que estos fueran desactivados y que se conservaran los registros para una eventual revisión.
La presentación judicial también recoge otros episodios que Romero atribuye a su esposo, entre ellos comentarios despectivos realizados frente a sus hijas, cuestionamientos sobre su apariencia y situaciones relacionadas con el control del aire acondicionado y el acceso a internet de la vivienda. A raíz de estos antecedentes, su defensa solicitó que se le otorgara el uso exclusivo de la residencia y que se estableciera una orden de restricción, la que actualmente impediría a Douglas acercarse a ella a menos de 152,4 metros.
En materia económica, los documentos señalan que Douglas habría dejado de realizar depósitos a la cuenta matrimonial a mediados de mayo, redirigiendo esos recursos hacia una cuenta personal. Según lo expuesto por Romero, desde entonces él no habría aportado dinero para cubrir los gastos de sus hijas pese a continuar viviendo en el domicilio familiar. La solicitud sostiene que ella ha debido asumir gastos de alimentación y servicios mediante préstamos, argumentando que sus ingresos no serían suficientes para cubrir por sí sola dichas obligaciones.
